Fiscalía solicita prisión preventiva de 36 meses contra Agustín Lozano por el caso ‘Los Galácticos’

La situación legal del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, ha dado un giro crucial, luego de que el Ministerio Público solicitara 36 meses de prisión preventiva en su contra, por su presunta implicación en delitos de organización criminal, lavado de activos y otros crímenes graves. Esta solicitud también abarca a cuatro personas más, quienes serían parte de una red delictiva vinculada a actos ilegales cometidos durante la gestión de Lozano en la FPF.

Detalles de la solicitud de prisión preventiva

La Fiscalía ha solicitado que Lozano, quien ocupa la presidencia de la FPF desde 2018, y los otros investigados, José Carlos Isla, Genaro Miñán, Sabrina Martín y Óscar Chiri, sean privados de su libertad mientras avanzan las investigaciones en su contra. Según el Ministerio Público, estos individuos estarían involucrados en al menos 20 actos criminales relacionados con el manejo y administración de la Federación.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina fue quien presentó la solicitud de prisión preventiva, argumentando que la magnitud de los presuntos delitos y el riesgo de fuga justifican una medida tan severa. Según la Fiscalía, los acusados habrían formado parte de una organización criminal que se benefició ilícitamente de recursos y activos provenientes de la gestión deportiva y de derechos televisivos, entre otros ámbitos.

La crisis dentro de la FPF y las reacciones

La noticia ha generado gran revuelo dentro del mundo del fútbol peruano, que ya atraviesa una grave crisis institucional. Lozano, quien ha estado en el ojo del huracán debido a múltiples cuestionamientos sobre su gestión, aprovechó la ocasión para defenderse públicamente. En una reciente audiencia de apelación de su detención preliminar, el presidente de la FPF aseguró que nunca participó en la elaboración de los estatutos que regulaban la concentración y venta de los derechos televisivos de la selección nacional.

“No soy el responsable de los errores que se me imputan“, afirmó Lozano ante los magistrados, agregando que la Fiscalía se equivoca al vincularlo con un presunto desfalco de la Federación. El dirigente también recordó que, cuando asumió la presidencia, la FPF estaba sumida en una crisis económica, con deudas que superaban los 50 millones de soles. Además, destacó que durante los primeros años de su gestión, la Federación tuvo que hacer frente a desafíos como la pandemia del COVID-19, que afectó gravemente las finanzas del fútbol peruano.

Sin embargo, las autoridades siguen adelante con el proceso, y los implicados se enfrentan a un futuro incierto.

Implicados y reacciones desde la FPF

Junto a Lozano, otros exdirectivos y colaboradores de la FPF están siendo investigados. Entre ellos se encuentran José Carlos Isla, exgerente de la FPF, Genaro Miñán, exdirectores de comunicaciones, y Sabrina Martín y Óscar Chiri, quienes supuestamente participaron en diversas acciones ilícitas que habrían perjudicado el normal funcionamiento de la Federación.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina precisó que las investigaciones abarcan delitos como lavado de activos, falsificación de documentos y otros relacionados con la administración de la FPF. La gravedad de los cargos ha motivado que, además de la prisión preventiva, se mantenga bajo investigación a estos implicados por su participación en una presunta organización criminal.

El futuro incierto del fútbol peruano y la FPF

La situación en la FPF se complica aún más en medio de una creciente presión de clubes de la Liga 2 que exigen una revisión de las decisiones tomadas en la temporada 2022. En particular, el caso de Ayacucho FC ha tomado relevancia. El club, que descendió en 2022, ha logrado un fallo judicial favorable que podría permitirle retornar a la Liga 1 en 2025. La disputa se centra en la supuesta alteración de la tabla de posiciones de ese año, en la que no se reflejaron las sanciones impuestas a Sport Boys por incumplir con los pagos, lo que habría afectado la clasificación final.

Este fallo judicial ha generado una gran controversia, ya que otros clubes también buscan ser incluidos en la máxima categoría del fútbol peruano, lo que agrava la ya delicada situación institucional de la FPF. Mientras tanto, Agustín Lozano y los otros investigados enfrentan un proceso judicial complejo que podría redefinir el rumbo de la Federación y del fútbol en el país.

Lozano y su defensa ante la crisis

En su defensa, Lozano expresó su molestia por los daños morales que ha sufrido, no solo él, sino también su familia, debido a las acusaciones en su contra. “No va a haber manera de reparar todo lo que hemos pasado“, dijo durante una reciente intervención. El presidente de la FPF también rechazó las acusaciones de desfalco y reiteró que encontró a una federación en crisis, con millonarias deudas cuando asumió el cargo.

“Lo que yo encontré fue una Federación con deudas de más de 50 millones de soles y una pérdida patrimonial cercana a los 80 millones“, explicó Lozano, quien aseguró que trabajó arduamente para recuperar la FPF, enfrentando dificultades económicas, incluso durante la pandemia.

El futuro de Agustín Lozano, al igual que el de la FPF, es incierto. La solicitud de prisión preventiva de 36 meses representa un nuevo obstáculo en su ya cuestionada gestión al frente del fútbol peruano. En paralelo, la situación judicial de otros clubes, como Ayacucho FC, y las crecientes demandas por una revisión de las decisiones de la FPF, muestran que el fútbol nacional atraviesa una crisis institucional profunda que podría tener repercusiones a largo plazo.

En los próximos días, se espera que los tribunales sigan evaluando la situación legal de Lozano y los demás implicados, mientras el fútbol peruano permanece en vilo, aguardando los desenlaces judiciales que marcarán el rumbo del deporte más popular del país.