Golpe a la piratería digital: Roja Directa deberá pagar 31,6 millones de euros por piratear partidos de fútbol

El Juzgado Mercantil n.º 2 de La Coruña ha dictado una sentencia histórica contra la plataforma Roja Directa, imponiéndole una multa de 31,6 millones de euros por distribuir ilegalmente partidos de fútbol de LaLiga a través de internet. Esta sanción representa el castigo más alto en España por la piratería de contenido deportivo, marcando un precedente en la lucha contra la piratería digital.

La empresa responsable de la página Roja Directa, Puerto 80 Projects SL, ha sido declarada culpable de causar daños económicos a Mediapro, la empresa que posee los derechos de transmisión de los partidos de fútbol. En particular, la piratería se produjo durante la temporada 2014/2015, cuando la plataforma ofreció los partidos de LaLiga sin ningún coste para los usuarios, mientras generaba ingresos a través de publicidad y comisiones por redirigir tráfico hacia sitios de apuestas.

La sentencia judicial y el impacto económico

El Tribunal Supremo ya había señalado a Puerto 80 Projects y a su administrador, Igor Seoane, como responsables de esta actividad ilegal en 2022. La reciente resolución del Juzgado de A Coruña ha determinado que la indemnización de 31,6 millones de euros debe ser pagada por la empresa, como compensación por lo que habría tenido que pagar si hubiera accedido legalmente a los derechos de transmisión.

De este monto, 15,8 millones de euros corresponden directamente a Igor Seoane, quien es considerado responsable solidario junto a su empresa. Esta cifra subraya el impacto económico significativo que las actividades ilegales de Roja Directa han tenido en el sector audiovisual, mostrando las cuantiosas ganancias que se pueden generar mediante la piratería.

Según informes judiciales, los ingresos generados por la plataforma Roja Directa superaron los 11 millones de euros, lo que pone de manifiesto la rentabilidad de operar al margen de la ley. A pesar de la condena, la plataforma continuó sus operaciones fuera de España, lo que evidencia la persistencia del problema de la piratería digital a nivel global.

Proceso penal contra Igor Seoane

Además de la sanción económica, Igor Seoane enfrenta un proceso penal, en el que Mediapro y LaLiga han solicitado una pena de seis años de prisión por su implicación en este delito. El fiscal, por su parte, ha pedido una pena de cuatro años, argumentando que las actividades ilegales de la plataforma han afectado gravemente los derechos de propiedad intelectual y han generado ganancias ilícitas.

Este caso pone de relieve la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, en especial en el ámbito deportivo, y subraya la necesidad de tomar medidas más severas contra la piratería. La resolución del Juzgado de A Coruña refuerza la responsabilidad de los administradores de plataformas que facilitan actividades ilegales y destaca la relevancia de tomar acciones judiciales contundentes para evitar que estos delitos persistan.

Un hito en la lucha contra la piratería digital

La condena a Roja Directa representa un hito en la lucha contra la piratería digital, especialmente en el sector deportivo. No solo establece un precedente legal importante, sino que también resalta la importancia de la colaboración entre entidades afectadas como Mediapro, LaLiga y las autoridades judiciales para combatir la distribución ilegal de contenido.

Este fallo es un paso fundamental hacia la protección de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en el ámbito audiovisual, donde la piratería se ha convertido en un desafío cada vez más complejo. A medida que la tecnología avanza, la piratería digital sigue siendo un tema de gran preocupación, por lo que la vigilancia y la acción legal se vuelven esenciales para salvaguardar los intereses de los creadores y distribuidores de contenido.

Con esta histórica sanción, España envía un mensaje claro a los actores involucrados en la piratería digital: la distribución ilegal de contenido no será tolerada y se tomarán medidas severas para proteger los derechos de propiedad intelectual en el ámbito deportivo y en otros sectores.